Rafael Ávila, defensor del Pueblo, impulsó más de 1.400 amparos para conseguir medicamentos

Rafael Luis Ávila Macke, defensor del Pueblo desde setiembre de 2022, encabeza la oficina a la que cualquier persona puede acudir cuando un servicio público no le responde. Entre mayo de 2025 y agosto de 2026, la Defensoría promovió 1.438 amparos para que pacientes consigan sus medicamentos, según sus registros de gestión.

La Constitución define al defensor del Pueblo como un comisionado parlamentario con autonomía, con tres tareas: defender los derechos humanos, canalizar los reclamos de la gente y proteger los intereses de la comunidad. Por la Ley 631/95, pueden recurrir a él todas las personas, sin importar su nacionalidad, edad o residencia.

«Nuestra presencia en el territorio tiene como propósito acompañar, observar y promover el cumplimiento efectivo de los derechos sociales», dijo Ávila en noviembre de 2025 en Puerto Casado. Ese día recorrió escuelas con obras nuevas en ese distrito de Alto Paraguay.

El amparo es una acción judicial rápida para proteger un derecho en riesgo. La Defensoría lo promueve cuando un paciente no recibe a tiempo un medicamento, un insumo o un tratamiento del sistema público, con el diagnóstico y la indicación de su médico. De los 1.438 casos, 888 se presentaron entre mayo y diciembre de 2025 y 550 entre enero y agosto de este año.

1.438

Fuente: Defensoría del Pueblo, setiembre de 2026

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Desde este año, los pedidos se hacen por el nombre genérico del medicamento y no por la marca.

El 24 de setiembre, Ávila llevó al Ministerio de Salud un informe con los medicamentos más pedidos por amparo y planteó analizar una actualización del vademécum, la lista de medicamentos que entrega el sistema público. El objetivo, según la Defensoría, es que un paciente reciba su tratamiento sin tener que pasar por la Justicia.

A fines de setiembre, Ávila presentó la rendición de cuentas del primer semestre, actualizada a setiembre. Además de los casos de salud, el informe destacó el trabajo con comunidades indígenas, como Tekoha Karapá, en Ypehú (Canindeyú), y con las familias de las víctimas de la dictadura.

Fuente: Defensoría del Pueblo, rendición de cuentas publicada el 29 de setiembre de 2026

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Esos expedientes son el paso previo para que el Estado pague las indemnizaciones a víctimas de la dictadura, que establece la Ley 838/96. En octubre, Ávila acompañó en el Cementerio del Este, en Asunción, las excavaciones en busca de Agustín Goiburú y de otros desaparecidos de aquellos años.

Del puerto a la Defensoría

Antes de llegar a la institución, Ávila fue director del Puerto San José, de la empresa Empedril, y miembro del directorio de la Cámara de Terminales y Puertos Privados. También fue relator del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el órgano que juzga el desempeño de jueces y fiscales.

Es miembro fundador del capítulo paraguayo del COPAJU, un comité panamericano de juezas y jueces que promueve los derechos sociales desde la doctrina franciscana, e integró la Mesa Multisectorial del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI). Después llegó a la Defensoría como defensor adjunto.

El 28 de setiembre de 2022, en una sesión extraordinaria, la Cámara de Diputados aceptó la renuncia del titular y le tomó juramento como defensor del Pueblo. Completa el período de cinco años que había empezado en noviembre de 2021.

Su gestión le dio a la Defensoría un lugar en las redes internacionales. El 30 de abril de 2025, en Panamá, fue electo con 14 votos para el Comité Coordinador de la RINDHCA, en representación de América del Sur. Esa red reúne a las instituciones nacionales de derechos humanos del continente americano.

Ese puesto le dio también un asiento en el buró de la GANHRI, la alianza mundial de esas instituciones.

En noviembre de ese año abrió una capacitación virtual internacional sobre nuevas tecnologías y derechos humanos para defensorías de la región, con expertos del Yuan de Control de Taiwán. «No podemos defender derechos del siglo XXI con herramientas del pasado», dijo en la apertura.

Los días 3 y 4 de agosto de 2026, Paraguay recibió por primera vez el encuentro anual y la asamblea general de la RINDHCA, en el Instituto del Banco Central del Paraguay. «El cambio climático ha dejado de ser una preocupación distante o abstracta para convertirse en una amenaza cotidiana y concreta para millones de personas en nuestro continente», afirmó Ávila en el discurso inaugural.

El encuentro cerró con la Declaración de Asunción 2026, que guiará a la red por dos años, y según la Defensoría se financió con cooperación internacional, sin usar su presupuesto ordinario.

En el interior, la Defensoría inauguró una oficina en Villa Hayes, en un espacio cedido por la municipalidad, según informó el 1 de julio. El 15 de octubre, Ávila se reunió en la Gobernación de Ñeembucú con el gobernador y la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) para coordinar la ayuda a Cerrito, afectada por la crecida del Paraná.

Como presidente del Consejo Nacional de Objeción de Conciencia, en octubre renovó un convenio con el Servicio Voluntario Menonita para que los jóvenes objetores hagan servicio comunitario en escuelas y hospitales.

El período que completa Ávila vence el 10 de noviembre de 2026. Para el siguiente, el Senado abrió la inscripción de postulantes hasta el 10 de agosto. Según el artículo 277 de la Constitución, el Senado propone una terna y la Cámara de Diputados elige por dos tercios.

Los reclamos se presentan en línea en el sitio de la Defensoría, en la sede de la avenida Ygatimi 705 esquina Juan E. O'Leary, en Asunción, o por WhatsApp al 0971 108 811.