Contraloría detecta 1.090 títulos sin respaldo documental en funcionarios públicos

La Contraloría General de la República encontró 1.090 títulos académicos sin respaldo en los registros de las instituciones educativas consultadas. Los declararon 1.082 funcionarios de 35 organismos del Estado, según el informe preliminar que el contralor Camilo Benítez presentó el jueves 22 en el Senado.

El resultado surge del cruce de 34.068 registros, informó la Cámara de Senadores. Según el mismo informe, esas observaciones requieren verificaciones adicionales y no constituyen, por sí solas, falsificaciones comprobadas.

Benítez expuso los datos ante la comisión especial que investiga presuntas irregularidades en la emisión, la venta y el uso de títulos académicos, presidida por el senador Patrick Kemper. La reunión se hizo en la sala Paz del Chaco de la Cámara de Senadores.

La Contraloría consultó a las instituciones educativas por los títulos que declararon los funcionarios. En algunos casos, las universidades no encontraron registro de personas incluidas en las nóminas que remitió el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), según el Senado.

La Contraloría ya presentó denuncias ante el Ministerio Público. La revisión alcanzó también a la propia institución: cuatro de sus funcionarios están bajo sumario administrativo, según dijo el contralor.

El MEC informó el mismo jueves sus propias medidas. Anuló 108 matrículas de profesionales de la educación que no trabajan en el sector público, según el ministro Luis Ramírez. También abrió 12 sumarios administrativos a funcionarios con títulos irregulares y otros cuatro a personas que habrían cobrado aumentos de sueldo con documentos fraudulentos.

En el caso de los funcionarios, el sumario sirve para fijar responsabilidades y, si corresponde, anular después la matrícula, explicó el ministro. «Estamos trabajando para transparentar», dijo Ramírez. El ministerio afirmó que seguirá con las investigaciones.

La cifra todavía puede cambiar. La auditoría se planteó para 45 días y no terminó: al cierre del informe faltaban las respuestas de 221 organismos públicos y de 27 instituciones educativas. Benítez aclaró que el trabajo sigue con esos datos pendientes.

El informe miró además la oferta de las universidades. Dentro del grupo examinado encontró 877 ofertas académicas sin acreditación vigente, 184 de ellas en el área de la salud. La acreditación la otorga la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) y certifica la calidad de una carrera. La habilitación para funcionar la da el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES).

La Contraloría recomendó al CONES evaluar medidas sobre las habilitaciones de carreras mientras se revisan y fortalecen los controles, según el Senado. El viernes 9 de octubre, la ANEAES ya había respaldado frenar por dos años las nuevas universidades privadas mientras se revisa cómo se aprueban.

Para las familias que eligen carrera para 2027, el dato práctico es esa diferencia. Antes de pagar la matrícula, conviene pedir a la universidad la resolución del CONES que habilita la carrera. En las de salud, también vale preguntar si tiene acreditación vigente de la ANEAES.

Quien busca un cargo en el Estado presenta su título en cada concurso, como se detalla en la guía de documentos para un concurso público.

Después de escuchar a la Contraloría, la comisión recibió a representantes de dos universidades privadas. Kemper señaló que algunas dudas quedaron aclaradas y que otras necesitarán nuevos pedidos de informes. Solo una parte de las universidades respondió hasta ahora. Cuando llegue el resto, la comisión hará una proyección estadística más precisa de las posibles irregularidades, explicó el senador.