Fiscalía imputa a Eddie Jara, expresidente de Petropar, por presunto enriquecimiento ilícito

El Ministerio Público imputó el jueves a Eddie Jara, expresidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), por presunto enriquecimiento ilícito. La Fiscalía estableció de forma preliminar una diferencia patrimonial no justificada de G. 5.399.450.612 entre agosto de 2023 y marzo de 2026.

El acta de imputación se presentó ese mismo jueves. Según el Ministerio Público, el análisis de documentos tributarios y bancarios «permitió identificar movimientos de dinero que, conforme a la hipótesis fiscal, no guardarían correspondencia con los ingresos lícitos documentados del exfuncionario».

La causa está a cargo de la fiscal Yeimy Adle, de la Unidad Penal 11, especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción. La investigación estaba abierta desde marzo y, hasta este jueves, Jara no tenía cargos formales en la causa.

Las cuentas de la Fiscalía parten de los depósitos y pagos en efectivo de ese período, que suman G. 5.547.396.611. A ese total le restó G. 147.945.999, la capacidad de ahorro calculada con lo que Jara declaró ante la DNIT. La diferencia sin respaldo documental equivale al 97,33% del dinero analizado.

Entre las operaciones revisadas figuran depósitos bancarios, pagos de tarjetas de crédito, cancelaciones de préstamos y compras de vehículos, según el Ministerio Público. En algunos períodos, siempre según la Fiscalía, las cuotas de sus deudas habrían superado el sueldo que cobraba en Petropar.

La imputación alcanza también a la exesposa de Jara, por presunto lavado de activos. La Fiscalía sostiene que ella habría recibido, transferido y usado fondos vinculados a los recursos investigados, con operaciones que no coincidirían con su capacidad financiera declarada.

La fiscal no pidió la prisión preventiva. Solicitó al Juzgado Penal de Garantías medidas alternativas, entre ellas presentarse cada mes ante el juzgado y no salir del país.

También pidió inmovilizar cuentas bancarias y restringir vehículos, para resguardar bienes que en una condena podrían quedar sujetos a comiso. El juez es quien decide si acepta esos pedidos.

Petropar es la empresa del Estado que vende combustibles en su propia red de estaciones, con precios que fija en sus surtidores. Jara la presidió dos veces: de 2016 a 2018 y desde agosto de 2023 hasta marzo de 2026, cuando renunció al cargo. Hasta las 23:00 del jueves, ni él ni su defensa habían difundido una respuesta pública a la imputación.

El origen del caso es una denuncia ciudadana. La Contraloría General de la República la recibió en su portal de denuncias y revisó las declaraciones juradas de bienes y rentas de Jara. El 13 de marzo de 2026 llevó el caso al Ministerio Público.

Ese control también se puede hacer desde la casa. La Contraloría publica en su sitio declaraciones juradas de bienes de las autoridades, y la nómina oficial muestra cuánto ganan los funcionarios públicos. Es la misma Contraloría que este jueves presentó en el Senado un informe preliminar sobre 1.090 títulos sin respaldo en el sector público.

Una imputación es el inicio formal del proceso penal, no una condena: la Constitución establece la presunción de inocencia hasta que una sentencia firme diga lo contrario. Si hubiera condena, la Ley 2523/04 prevé de uno a diez años de prisión por enriquecimiento ilícito.

La fiscal pidió al juzgado un plazo de seis meses para terminar la investigación y presentar su requerimiento final. Quien vea una declaración jurada que no cierra puede denunciarla en el portal de denuncias ciudadanas de la Contraloría, el mismo por el que empezó este caso.