SociedadA Ultranza Py
Abogado de Marset pide a Uruguay apostillar su certificado para el juicio en EE. UU.
La Dirección de Asuntos Consulares no selló el documento, que no registra anotaciones penales, y la defensa ya presentó pedidos ante dos ministerios

El abogado de Sebastián Marset, Santiago Moratorio, informó el jueves 22 de octubre que presentó pedidos formales ante los ministerios de Relaciones Exteriores y del Interior de Uruguay. Reclama la apostilla del certificado de antecedentes de su cliente, que la Cancillería uruguaya no selló.
La defensa quiere presentar ese papel como prueba en el juicio que Marset enfrentará en Estados Unidos desde enero de 2027. El documento lo emitió la Dirección Nacional de Policía Científica y no registra anotaciones penales en Uruguay.
Ese certificado tiene un alcance acotado. Según el portal oficial de trámites del Estado uruguayo, «certifica el registro o no de antecedentes judiciales en el territorio nacional». No dice nada sobre causas abiertas en otros países, como las que Marset tiene en Estados Unidos y en Paraguay.
La apostilla es el sello que hace valer un documento público en el exterior, según el Convenio de La Haya. Certifica la firma y el sello de quien lo expidió, no lo que dice el papel.
El trámite pasó por la Dirección de Asuntos Consulares de la Cancillería, que no lo apostilló. El ministerio no difundió una explicación oficial; fuentes de esa cartera señalaron que la negativa se apoyó en que Marset tiene pedidos de captura internacionales. Según el comunicado de la defensa, esa decisión no llegó con una resolución escrita.
En su comunicado, Moratorio explicó que hizo el trámite por la vía regular, con un poder notarial y la tasa pagada. En los pedidos que presentó, solicita que se informe dónde está el certificado y que se reactive el trámite de apostilla o se dicte una resolución fundada. Si la vía administrativa no responde a tiempo, anunció que irá a la Justicia.
Cuatro cargos en Virginia. Marset fue capturado el 13 de marzo de 2026 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y entregado a agentes de la DEA, la agencia antidrogas estadounidense. Desde entonces está preso en Estados Unidos.
El 1 de julio se declaró no culpable de los cuatro cargos que le formuló la Fiscalía federal. Son conspiración de narcoterrorismo, conspiración para poseer cocaína para distribuirla en una embarcación bajo jurisdicción estadounidense, conspiración para lavar dinero y lavado de dinero. En esa audiencia se fijó el inicio del juicio para enero de 2027.
El caso también toca a Paraguay. El ministro del Interior, Enrique Riera, recordó en marzo que el país abrió en 2022 la causa A Ultranza Py, en la que Marset está acusado. Dijo entonces que su traslado a Estados Unidos no impedía seguir el proceso paraguayo y que la cooperación con ese país permitiría obtener información para avanzar.
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, señaló en marzo que Estados Unidos tiene prioridad sobre el caso y que Paraguay se ajustará a lo que se resuelva allá, por reciprocidad internacional. A comienzos de octubre, la Policía Nacional incautó barriles de acetato en San Lorenzo y analiza si tenían relación con su red, un vínculo que no fue confirmado.
Un antecedente une a los dos países. En setiembre de 2021, Marset fue detenido en Dubái con un pasaporte paraguayo falso. En noviembre de ese año, Uruguay le expidió un pasaporte uruguayo y después recuperó la libertad. Aquel trámite también se apoyó en que no tenía antecedentes registrados en su país.
Para cualquier paraguayo, el paso es el mismo que discute la defensa de Marset. Un certificado nacional vale en el exterior con la apostilla del Ministerio de Relaciones Exteriores, en los países del Convenio de La Haya. El antecedente policial se apostilla sin salir de Identificaciones, en Boggiani esquina Ytororó, en Asunción; el judicial pasa antes por la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia.
El juicio de Marset en el tribunal federal del Distrito Este de Virginia está previsto para el 11 de enero de 2027. La defensa espera la respuesta de los dos ministerios uruguayos antes de decidir si acude a un juez.
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